El Decreto de Urgencia N.º 010-2026, publicado el 2 de septiembre de 2026, crea un régimen temporal y expeditivo para ejecutar Servicios e Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) de emergencia mediante Obras por Impuestos, frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Su artículo 12 dispensa a las entidades comprendidas de solicitar el informe previo de la Contraloría para las intervenciones ejecutadas a su amparo. ¿Significa esto que desaparece el control?
La respuesta es no, y la razón está en el propio texto de la norma. El numeral 12.2 del mismo artículo 12 añade una regla decisiva: la excepción no limita ni restringe las competencias constitucionales y legales de la Contraloría, incluyendo el control simultáneo y posterior. Si el legislador hubiera querido excluir por completo la intervención del Sistema Nacional de Control, habría usado una fórmula de inmunidad general — no lo hizo.
El control gubernamental en el Perú no se reduce a un informe previo de Contraloría. La Ley N.º 27785 lo organiza en tres momentos que se complementan: el control previo (interno, a cargo de cada entidad, y externo, a cargo de Contraloría), el simultáneo, y el posterior. El Decreto de Urgencia dispensa únicamente el informe previo externo — una manifestación puntual del sistema, no su totalidad.
Esto significa que el control interno previo permanece intacto: cada entidad debe seguir documentando la competencia de quien decide, la razonabilidad de los términos de referencia, la disponibilidad de recursos y la motivación de cada adjudicación. El propio Decreto de Urgencia (artículo 9.8) atribuye expresamente responsabilidad por estos aspectos al titular de la entidad y a los funcionarios que intervienen. La rapidez procedimental no elimina la imputación funcional — exige, si acaso, expedientes mejor preparados y capaces de demostrar casi en tiempo real qué se verificó y quién lo hizo.
El control simultáneo y posterior de la Contraloría también conservan plena cobertura. El primero puede acompañar los hitos más sensibles del proceso (aprobación de términos de referencia, adjudicación, supervisión de calidad) sin sustituir la gestión de la entidad. El segundo permite revisar la regularidad de lo actuado e identificar responsabilidades cuando corresponda.
Tampoco se trata de una contratación sin reglas: el régimen exige resolución sustentada por informes técnico y legal, invitación a dos o más empresas privadas, evaluación de requisitos e impedimentos, y adjudicación conforme a criterios objetivos como el menor monto entre las propuestas conformes.
Esto no quiere decir que el régimen esté libre de riesgos. Los plazos abreviados reducen el tiempo disponible para contrastar información, la contratación directa concentra decisiones, y no cabe recurso administrativo contra la adjudicación. Por ello, cuanto menor es el tiempo procedimental, mayor debe ser la calidad de la preparación previa: mapas de riesgo, separación de funciones, registro de comunicaciones y un expediente digital completo y trazable.
En síntesis: la ausencia del informe previo no equivale a ausencia de control. Lo que cambia es el énfasis, que se traslada hacia el control interno robusto, la vigilancia simultánea y la revisión posterior. La rapidez administrativa solo es legítima cuando conserva un núcleo verificable de legalidad, transparencia, calidad y responsabilidad.
